Los Municipios de Oposición entablarán demanda socio - política al Sistema Judicial y Penitenciario

(Foto archivo Internet Prisiones en Cuba)

Por: Carlos Suárez.

Comisionado de Información y Prensa

Artemisa, 4 de diciembre de 2016 –  Un análisis realizado con los directivos de los diferentes MDO del país, presidido por el Ing. Gerardo Páez, ha demostrado como el sistema judicial y penitenciario en Cuba están al servicio político de régimen cubano. 

Partiendo de la máxima, que la razón es la voluntad de la clase gobernante hecha ley, el régimen cubano ha tipificado como delito una serie de conductas como delictivas, incluso ha creado la figura pre delictiva, que conlleve sanción de privación de libertad aun sin haber cometido delito alguno. A estos tenemos que agregar la violencia política, la cual se ejerce con impunidad por porras del gobierno, que no responden a las acciones de la ley.

En este entramado político-judicial también se utilizan mecanismos de extorsión política, cuando se le imponen multas a los opositores políticos o personas a quien se quiere sancionar por intereses políticos de las autoridades, como son los cuentapropistas y emprendedores no estatales. 

Los personeros del régimen y  sus órganos represivos, incluido el aparato judicial son los que se encargan de presumir que una persona puede delinquir, incluso mediante actividades políticas, por lo que puede ser sancionada por el delito de peligrosidad social pre delictiva. 

Una manera de reprimir políticamente a los opositores mediante la imposición de excesivas multas por sus manifestaciones políticas de cualquier índole. Por lo que generalmente terminan convirtiéndose en medias carcelarias. 

No se puede seguir manipulando el sistema judicial por intereses políticos. En estos momentos tienen recluido al artista gráfico, Danilo Maldonado Machado, más conocido por el Sexto por “daño a la propiedad social”, por un simple letrero en grafitis: “se fue”. Sin embargo, las paredes y cuantos sitios públicos existen en Cuba se llenan de carteles y consignas gubernamentales, sin consecuencia alguna.  

La muerte de Fidel Castro debe marcar un antes y después, tanto para el oficialismo como para la oposición. No se debe seguir abogando por la libertad de los presos políticos, presos que nunca debieron existir y que cada tiempo se renuevan, para seguir imponiendo el terror. Lo que se debe derogar es el actual Código Penal y abolir las prerrogativas judiciales de carácter político. 

También las denuncias sobre las condiciones en las cárceles y prisiones son válidas, pero lo que se tienen que erradicar las prisiones y los encarcelamientos injustos o por razones políticas. Como es el caso de Armando Peraza Hernández vecino de Batey Viejo en la Comunidad de López Peña perteneciente al Municipio de San Cristóbal, Provincia de Artemisa, quien se encuentra recluido desde el 15 de agosto  del presente año en la prisión de Taco – Taco.

Armando Peraza fue llevado a prisión por negarse a pagar una multa de 1500 pesos por actividad económica ilícita, o sea el sacrificio y venta de cerdos, algo que se hace normalmente en Cuba, pero se ensañaron contra él por ser un opositor político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. 

Según el testimonio de su esposa, Mayelín Santisteban, a la Comisionada de Derechos Humanos  del Municipio de Oposición(MDO) de Artemisa Oilyn Hernández Rodríguez, le fue conmutada la multa, en un juicio sumarísimo por seis meses de privación de libertad.

Mayelín Santisteban López,  quien se desempaña como Comisionada de Salud y Medio Ambiente en el MDO Artemisa, dice que su esposo aún está pendiente a otro juicio, que según un oficial de la Seguridad del Estado debería realizarse entre los meses de enero y febrero, pero de no realizarse el juicio en esa fecha tendrá que permanecer recluido hasta el mes de mayo, es decir tres meses más en espera del nuevo juicio.

Todas estas irregularidades son las que motivan que los reclusos tomen medidas drásticas como las huelgas de hambre y  autoagresiones físicas. Acciones que han dejado graves consecuencias como fue la muerte de Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza, entre otros. 

Casos como el Armando Peraza Hernández fundamentarán una demanda colectiva a presentar por los diferentes Municipios de Oposición del país, donde se recojan las extorsiones y chantajes políticos con las madres opositoras, quienes son amenazadas con quitarles la custodia de sus hijos, los presos por la  supuesta salida ilegal del país, las que ahora disfrazan como de tráfico humano, para atemperarlas a una nueva visión internacional del delito. 

Los Municipios de Oposición encabezaran una cruzada contra el delito de Estado que es el que corroe la nación cubana.